A cuatro años de la Masacre de Avellaneda

Red Eco Alternativo
Ángeles, banderas, manos abiertas, libros desencontrados, dignidad recuperada, trabajo comunitario, construcción de espacios populares, corte de ruta, piquetes. Se les fue la vida un 26 de junio de 2002. Dicen que se puede vivir muchos años, o no. Pero también dicen que la forma en la que uno muere refleja todo el contenido de una vida.
Ese día no sólo apuntaron contra ellos dos. Ese día, el gobierno peronista del ex Presidente Eduardo Duhalde decidió dar el paso más firme en cuanto a represión se refiere. Y para ello, siguió los pasos aprendidos o heredados de la última dictadura militar: la planificación, la sistematización y la racionalización en el asesinato. Y posteriormente, apuntar hacia el chivo expiatorio, el segundo demonio, es decir, responsabilizar solamente a los autores materiales de los crímenes. Para lograr con éxito esta planificación, las máximas autoridades nacionales comenzaron, días antes, a preparar el terreno.
Alfredo Atanasof, ex Jefe de Gabinete de Duhalde, declaró la mañana del 24 de junio de 2002: "El gobierno utilizará todos los mecanismos para hacer cumplir la ley y evitar que se realicen nuevos cortes de rutas". Además, según reflejó la agencia de noticias DyN, el ministro consideró un "acto irracional" la continuidad de los cortes y señaló que esta metodología no hace más que "contribuir al caos", por lo que es necesario impedir los cortes cueste lo que cueste.
Por su parte, el Secretario de Seguridad de la Nación del gobierno duhaldista, que luego de los asesinatos fuera ascendido a ministro, Juan José Álvarez, expresó que los cortes de ruta serían considerados "actos de guerra" y que debían impedirse. El ex Ministro del Interior, Jorge Maztkin, formuló "la necesidad de reprimir la supuesta existencia de un complot contra la democracia", por su puesto, en manos de los piqueteros. Patrañas.
El diario Clarín (en su versión on line) publicó el mismo 26 de junio, a las 10.30, las palabras del entonces Subsecretario del Interior Carlos Vilas: "Queremos evitar cualquier tipo de error". Hora y media más tarde, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki caían asesinados en las calles de Avellaneda.
Casi por instinto, los medios masivos de comunicación comenzaron a desplegar la teoría de que los asesinatos habrían ocurrido por problemas internos entre los grupos piqueteros. Entre Ellos, decían los voceros mediáticos. En las pantallas abúlicas de televisión se escuchaba la palabra activistas. "Activistas" dijeron voces del oficialismo tratando de desacreditar a militantes y base piquetera. "Activista", vieja palabra milica y de servicios, quiere designar a seres perversos e irrecuperables que ejercitan la violencia y llevan como ganado a personas buenas pero estúpidas. Según consta en el libro Darío y Maxi, dignidad piquetera, donde se relata la investigación sobre los asesinatos, el dirigente Luis D'Elía, hoy a cargo de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat expresa que "no tiene dudas de que Darío y Maxi eran pibes buenos, pero que seguramente eran manipulados".
En junio de 2003, el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, recibió a los representantes del MTD Aníbal Verón y se comprometió a formar una comisión investigadora para responsabilizar a todos los culpables. Esto hubiese significado desentrañar el accionar de todo el aparato duhaldista durante esos días, perteneciente a la misma fuerza política del actual mandatario.
Veamos sino quienes son los políticos sospechados de haber tenido responsabilidad en los asesinatos, como autores intelectuales o responsables políticos y que cargos ocupaban hace cuatro años:
Luis Genoud,Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires. Por su cargo, responsable político directo del accionar de la policía bonaerense, fuerza a la que pertenecían quienes dispararon con munición de guerra sobre los manifestantes.
Juan José Álvarez, Secretario de Seguridad de la Nación. Bajo su mando se encontraba el operativo conjunto de tres fuerzas federales que acompañaron a la policía provincial en la represión. La Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Nacional, junto a la Policía Bonaerense, actuaron bajo el mismo mando en una acción coordinada. Además de ser el responsable del operativo conjunto, después de los asesinatos repitió en una conferencia desde la Casa de Gobierno los mismos argumentos que esgrimía el comisario Fanchiotti para justificar los crímenes y achacar la responsabilidad por las muertes a los mismos manifestantes.
Alfredo Atanasof,Jefe de Gabinete. Dos días antes de la Masacre había hablado, en nombre del gobierno, de "una guerra de unos contra otros". En la misma sintonía que este alto funcionario del Gobierno Nacional, los policías que cometieron los asesinatos dijeron que "los piqueteros se mataron entre ellos".
Jorge Matzkin,Ministro del Interior. Dio la conferencia de prensa posterior a los crímenes donde el gobierno instaba a los gobernadores provinciales a "tomar medidas" ante la "espiral de acciones concertadas" que configurarían un plan insurreccional por parte de los piqueteros, en un claro mensaje de reivindicación de la represión y llamado a que se extendiera al interior del país.
Carlos Soria,Secretario de Inteligencia del Estado (SIDE). Elaboró los informes que hablaban de la infiltración de la guerrilla colombiana entre asambleístas y piqueteros, y los difundió en distintos ámbitos políticos y periodísticos buscando convencer de que lo que enfrentaba el gobierno era una escalada de violencia guerrillera, y sobre esa hipótesis justificar la represión.
Oscar Rodríguez,vice-jefe de la SIDE. Desde una sede operativa de la Secretaría de Inteligencia a su cargo, partieron tres llamadas al celular del comisario Fanchiotti que comandaba la represión y tuvo responsabilidad directa en los asesinatos. Su condición de hombre de extrema confianza del entonces presidente Duhalde, así como los antecedentes de proceder mafioso en su desempeño como intendente de un distrito bonaerense, refuerzan los indicios que lo vinculan con el comisario Fanchiotti en otros hechos ilegales previos a esta Masacre.
Jorge Vanossi, Ministro de Justicia. En base a los falsos reportes de inteligencia, presentó una denuncia contra los manifestantes apelando a la ley de "defensa de la democracia", acusando a la movilización de incurrir en 17 violaciones al código penal, reforzando la estrategia que desde el gobierno nacional encubría a los policías y criminalizaba a las organizaciones populares.
Felipe Solá,Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Avaló y felicitó públicamente al comisario Fanchiotti, autor de los crímenes, quien era, en última instancia, funcionario del gobierno provincial que él conducía. Hoy sigue siendo gonernador de la misma provincia alineado con el kirchenrismo.
Eduardo Duhalde,Presidente de la Nación. "No lo vamos a permitir más, hay que ir poniendo orden", dijo, días antes de la represión, en referencia a la decisión gubernamental de evitar los bloqueos a los puentes de acceso a la Capital. Por boca suya hablaron, en los días posteriores, los ministros antes citados que ratificaron el carácter de "decisión de Estado" de la represión criminal.
El juicio, que se había iniciado el 17 de mayo de 2005, finalizó lunes 9 de enero de este año. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de Lomas de Zamora dictó la sentencia a los responsables materiales de la masacre de Avellaneda.
El ex comisario Fanchiotti y el ex cabo Acosta recibieron la pena de prisión perpetua, mientras que los demás policías recibieron penas de dos a cuatro años por encubrimiento.
Comenzó a hacerse justicia en este caso que desde sus inicios se intentó silenciar.
Queda sin embargo llegar hasta el final, solo cuando Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Luis Genoud, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasof, Jorge Matzkin, Carlos Soria, Oscar Rodríguez, Jorge Vanossi, que son responsables políticos de esta masacre sean juzgados y condenados se hará realmente justicia.